Cuando rendirse no bastó: la historia de Óscar Pérez
La historia de Óscar Alberto Pérez es singular, intensa y trágica, y encendió un debate profundo sobre resistencia, represión y derechos humanos en Venezuela durante uno de los momentos más críticos de la crisis política y social que vive el país.
Óscar Pérez nació en Caracas en 1981 y se formó como inspector en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la principal agencia de policía judicial de Venezuela. Era piloto de helicópteros, buzo de combate, paracaidista y experto en tácticas especiales. También actuó en un film de acción producido por el propio CICPC (con él como protagonista), donde interpretaba a un agente que afrontaba el crimen —algo que parece casi profético en retrospectiva.
En 2017, Venezuela atravesaba una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, marcadas por tensiones extremas, escasez, inflación galopante y enfrentamientos violentos en las calles. Pérez vio su país derrumbarse y denunció niveles de corrupción y colusión entre autoridades y grupos armados afines al gobierno, llamados colectivos.
El 27 de junio de 2017, Óscar Pérez tomó uno de los helicópteros de la policía científica, sobrevoló Caracas y lanzó granadas aturdidoras sobre el Tribunal Supremo de Justicia, además de disparar hacia el Ministerio del Interior, sin causar víctimas fatales. En la aeronave desplegó una pancarta con la leyenda “350 Libertad”, en referencia al artículo 350 de la Constitución venezolana, que insta al pueblo a desconocer gobiernos que vulneren garantías democráticas. Pérez explicó que su acción buscaba despertar a la ciudadanía frente a lo que consideraba una “tiranía”.
Esa acción, espectacular y simbólica, lo convirtió de la noche a la mañana en una figura viral y polarizadora: algunos lo vieron como un rebelde valiente que se atrevió a desafiar al régimen, otros lo calificaron de imprudente o incluso opinaban que todo era un montaje para justificar represión. El gobierno lo catalogó como “terrorista” y lanzó una búsqueda masiva.
Tras el incidente, Pérez se escondió y siguió difundiendo mensajes por redes sociales pidiendo movilización, resistencia y la defensa de los derechos civiles. En diciembre de 2017 lideró una operación en una base militar donde, según él, capturaron armas sin derramar sangre.
El 15 de enero de 2018, en El Junquito (a las afueras de Caracas), fuerzas combinadas de seguridad rodearon su escondite. Vídeos publicados por el propio Pérez mostraban horas de enfrentamientos, y él decía que querían rendirse y negociar, pero que estaban siendo atacados con lanzacohetes y disparos pese a declarar su intención de entrega.
El operativo culminó con la muerte de Pérez y seis compañeros. El gobierno aseguró que sus fuerzas respondieron a fuego y que no dejaron que la célula continuara actuando. Opositores, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que consideraron una ejecución extrajudicial, con evidencias de que Pérez había intentado rendirse y que hubo uso excesivo de fuerza.
Su muerte no solo fue un punto de inflexión para la oposición venezolana, sino también un símbolo de la brutalidad con la que el Estado respondió a una insurrección interna, por mínima que fuera su capacidad de alterar el régimen. La familia de Pérez y sectores de la comunidad internacional han buscado justicia, incluso en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la falta de procesos judiciales transparentes por los hechos.
La historia de Óscar Pérez nos recuerda que los caminos de resistencia pueden ser heroicos para algunos y profundamente controvertidos para otros, y que la dignidad, la violencia y la política a menudo se entrelazan en formas intensas y dolorosas.
