Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior determina cuatro iniciativas las cuales continúan el proceso legislativo.
La Comisión Permanente de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa analizó y determinó de manera unánime que cuatro iniciativas cumplen los requisitos establecidos para continuar su proceso legislativo; una de ellas enviada por el Gobernador Rubén Rocha Moya para donar un terreno al gobierno federal destinado a la construcción de la Presa Picachos y sus obras complementarias.
En las determinaciones de estas iniciativas participaron las diputadas y los diputados Rubén Miranda López, Graciela Rosmery Sánchez Sánchez, Isabel Sicairos Valdez, Giovanna Morachis Paperini y María José Menchaca Tisnado, presidenta, secretaria y vocales, respectivamente.
Una de estas iniciativas determinadas es la enviada por el Gobernador Rubén Rocha Moya que propone se le autorice, como titular del Poder Ejecutivo, enajenar a título de donación gratuita a favor del Gobierno Federal, una superficie de terreno de 88-56-30 hectáreas (ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y seis áreas y treinta centiáreas).
Lo anterior, expone, sería por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con destino a la Comisión Nacional del Agua, expropiada a la Comunidad de Potrero de las Tetas, ubicada en el Municipio de Mazatlán, destinada para la construcción de la Presa Picachos y sus obras complementarias.
La segunda iniciativa determinada fue presentada por los diputados Serapio Vargas Ramírez, actualmente con licencia, y Adolfo Beltrán Corrales, que proponen tipificar los delitos contra la libre manifestación, imponiendo una sanción pecuniaria de cien a doscientos días multa o de doscientos a cuatrocientos días multa y pena de prisión de uno a cinco años o de uno a nueve años, según el caso.
La iniciativa propone sancionar al directivo, trabajador administrativo o académico de un centro educativo de educación media superior, superior o de posgrado que ejerza presión sobre sus alumnos o subordinados laborales o académicos y los induzca o presione a asistir a una manifestación en contra de su voluntad, sea cual sea la naturaleza de la misma.
Asimismo sancionar a quien realice propaganda partidaria mientras cumple sus funciones durante sus jornadas laborales en una institución educativa; impida con violencia física o moral respecto de sus alumnos o subordinados laborales la asistencia de estos a un evento donde estos ejercerán su derecho a la libre manifestación.
Finalmente, propone sancionar al que teniendo jerarquía académica, laboral o una relación de supra a subordinación prepare, organice, o induzca a sus alumnos a realizar, a participar, en manifestaciones fuera de sus aulas en contra de la voluntad explícita de estos o a realizar actos violentos que atenten contra el orden público y la paz social antes, durante y después de un evento donde se ejerza el derecho a la libre manifestación.
La tercera iniciativa determinada fue la presentada por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, que propone brindar servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos, con perspectiva de género en instituciones públicas debidamente acreditadas, a personas agresoras.
Lo anterior, expone, con el fin de erradicar conductas violentas, a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron su violencia.
La cuarta y última iniciativa determinada fue la presentada por la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, quien propone armonizar y actualizar la legislación local con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimimo, armonizar con los nuevos parámetros de Interpretación Conforme a Derechos Humanos para el Fortalecimiento Municipal en el Combate a la Violencia Institucional contra las Mujeres.
Lo anterior para garantizar la coherencia normativa a nivel nacional, eliminando disparidades jurídicas y estableciendo un marco legal unificado y sólido, a fin de asegurar una mayor protección de los derechos humanos de las mujeres.
Esta iniciativa considera principios como la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana en todas las disposiciones legales relacionadas con la violencia institucional.
