Ramírez busca proteger a Quirino de ilegalidades
Culiacán, Sin., enero 13 del 2025.- Una polvareda de sospechas levanta en el ambiente el que la Secretaría de Transparencias y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, sustraiga al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel de la investigación que podría iniciarse para que no queden impunes las inconsistencias legales con que se realizaron auditorías que le costaron al Gobierno del Estado, 2 mil 200 millones de pesos y que se quedara sin dinero para la obra pública.
Con su actitud la dama tendió un manto de protección a favor del mazatleco al señalar que hasta el momento identificaron a los funcionarios que se inmiscuyeron en las prácticas a empresas federales con asiento en Sinaloa, en perjuicio del Sistema de Administración Tributaria y, que por consiguiente, que se analiza su grado de participación.
Ella comenzó a enfocar sus baterías, para que en caso de que sea necesario castigar a los culpables el “hilo se parta por lo más delgado”. Es decir, se lleve ante el banquillo de los acusados a servidores públicos de rangos menores que solamente recibieron órdenes para actuar.
Evadió el hecho de que la ley en la materia establece que quien tenga bajo su encargo, cuidado o administración algo que se le encomendó cuando se trate de bienes del patrimonio público, es quien adquiere la principal responsabilidad al igual que quien cometió la irregularidad.
Y aunque la Fiscalía General del Estado aparece como primera instancia para conocer el caso, por el tipo de recursos financieros que se manejaron con mala fe al provenir de establecimientos empresariales a los que audita la Federación, el asunto deberá radicarse en la Fiscalía General de la República.
Además de no centrarse única y exclusivamente en ex colaboradores del ex mandatario que operaron como sus auxiliares, y que obviamente, son parte de una anomalía que no los exonera de cargos.
Sin lugar a dudas, el hoy Embajador de México en España que se aprovecha de su inmunidad diplomática, es el culpable número uno, por acción u omisión, por lo que se tendrá que proceder hasta el fondo.
Especialmente cuando el fastidio entre los sinaloenses crece como una “bola de nieve” al considerar que si los tiempos cambiaron, el combate a la corrupción no debe aplicarse solamente contra los débiles sino que debe alcanzar a los poderosos. Cuando los gobiernos de la Cuarta Transformación así lo pregonan, el pueblo pide que cumplan.
A la demanda de justicia se suman cada día más ciudadanos y personajes de la vida pública que desean que se acaben estas maniobras a la sombra del poder político.
Para la CEDH, los mismos de siempre.
En seis días más se cerrará la recepción de documentos que se requieren para formalizar las candidaturas a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entre las propuestas individuales y grupales surgieron los nombres de Lucila Ayala de Moreschi, Oscar Loza Ochoa e Himelda Félix que buscan sustituir Carlos Álvarez Ortega quien pareciera que pasó de noche.
Tanto las damas como el caballero que figuran en las listas de deseos son de trayectoria probada. Sin embargo, son los mismos.
No es posible argumentar que tienen que ser por fuerza los sucesores en la dirigencia de la CEDH por su historial, porque los derechos son universales, y en una fase como la que se vive deben darse iguales garantías a nuevos rostros que con su energía contribuirán a mejorar el área de acción.
Dar la oportunidad a otros, esa actuar con congruencia y sin discriminar a mujeres y hombres jóvenes que se moldean en la defensa de los intereses de los ciudadanos pero que no los difunden porque son humildes.
Laboran sin hacer alarde.
Pretender regresar a posiciones que ya ostentaron es como obsesionarse en reelecciones que desgastan y no hablan bien de quien así lo deja ver con su auto promoción que los acelera en el acopio de apoyos de agrupaciones y de amigos que dirigen éstas, son un sesgo más político que humanitario.
Un comportamiento así, violenta el esencial derecho de que nazcan otros liderazgos, como cuando a alguien se le niega el derecho a la vida.
De los 10 días, distribuidores viales para Sinaloa.
Del informe de los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que asistió el gobernador Rubén Rocha Moya con una comitiva, se enteró de que a Sinaloa lo incluyeron en la construcción de puentes distribuidores viales que se programaron para otras diez entidades.
La titular del Ejecutivo lo desglosó ello al leer el documento respectivo en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, en la que se concentraron miles de personas de todo el país a la que partieron desde un día antes, muchos sinaloenses.
El plazo que se impuso la dama presidencial, es parte solo de un estilo de mecanismos que se utilizan para ponerse metas que políticamente hacen ver a una administración pública como muy activa y con iniciativa.
Finalmente, no mide esto la realidad de las cosas y se convierte en una navaja de doble filo que ocasiona críticas de los adversarios y lisonjas de los correligionarios, porque un centenar de días no lograr pulsar lo que se hará en seis años.
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