Scherer demanda a Gertz por daño moral y reabre debate sobre el uso político de la Fiscalía

Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentó una demanda civil por daño moral contra el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El recurso fue recibido el pasado 9 de enero por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La acción legal se interpuso apenas dos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la designación de Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido, un contexto que añade carga política y simbólica al litigio.

En la demanda, Scherer acusa al ex fiscal de haber incurrido en conductas ilícitas que afectaron su vida privada, su honor, reputación e imagen pública, y de haber encabezado una “vendetta” personal desde la Fiscalía General de la República. Sostiene que, mientras se le negaba el acceso a carpetas de investigación en las que presuntamente se le involucraba, dichas indagatorias eran filtradas de manera ilegal a abogados, periodistas y medios de comunicación.

Como ejemplo, el ex consejero jurídico menciona señalamientos realizados en conferencias matutinas, incluida una del 25 de julio de 2025, en las que —afirma— se le presentó a él y a su hijo como sujetos de investigación por un caso de obra carretera en Sonora.

El escrito judicial detalla que el conflicto se habría originado cuando Scherer se negó a conceder lo que califica como un favor ilegal solicitado por Gertz Manero: cabildear en el Poder Judicial la negación de amparos a Alejandra Cuevas Morán, en el caso que involucró también a Laura Morán. Según el propio Scherer, tras esa negativa el entonces fiscal le habría advertido: “Mire, Julio, usted tenía una opción: podía optar por tener fiscal amigo o tener fiscal enemigo, y usted optó”.

Además de la reparación del daño, Scherer solicita que el juez ordene la publicación de la sentencia en los mismos medios y formatos en los que, asegura, se difundieron señalamientos o difamaciones en su contra. Pide también una indemnización con criterios punitivos, medidas para impedir nuevas acusaciones públicas y el pago de los costos del juicio.

La demanda contextualiza el deterioro de la relación entre ambos con episodios mediáticos y políticos relevantes. Scherer vincula el agravamiento del conflicto con el reportaje de la revista Proceso, “La Casa Secreta de Gertz Manero”, publicado el 21 de septiembre, y narra un encuentro posterior con el ex fiscal y el director del semanario. El documento menciona incluso una supuesta intervención del entonces presidente López Obrador para frenar la disputa, que habría derivado en una tregua temporal, rota nuevamente por alusiones públicas en una mañanera del 6 de julio de 2025.

El ex consejero jurídico enumera además casos como UDLAP, Cruz Azul, Juan Collado, Gómez Mont y Álvarez Puga, que presenta como parte de un patrón de actuación facciosa atribuible a la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR.

Más allá del litigio personal, el caso abre un frente mayor: el debate sobre el uso político y mediático de las investigaciones penales y el papel de la Fiscalía como institución del Estado. También impacta directamente el contexto del nombramiento diplomático de un ex fiscal, al colocar bajo escrutinio su historial y su actuación en uno de los periodos de mayor concentración de poder en la llamada Cuarta Transformación. La resolución de este conflicto promete convertirse en un punto de referencia para la discusión pública sobre legalidad, poder y rendición de cuentas.